Responsabilidad ambiental

medio ambiente

A lo largo de la historia ha habido muchos accidentes ambientales que han causado daños al medioambiente debido a una acción humana. Algunos de estos accidentes han sido especialmente significativos,  haciendo que la sociedad comience a considerar el medio ambiente como una prioridad, hecho que se ha  traducido en un incremento de la presión legislativa.

El tratamiento de los riesgos ambientales, entendidos como posibles situaciones accidentales asociadas a la actividad empresarial, queda recogido en el marco legal creado por la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del  Consejo, de 21 de abril de 2004, incorporada al ordenamiento jurídico interno por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Esta Ley, desarrollada parcialmente por medio del Real Decreto 2090/2008, establece un régimen administrativo de responsabilidad ambiental orientado a la reparación y basado en el principio de quien contamina paga. Hasta el momento, el incumplimiento de las normas y procedimientos vigentes implicaba una sanción de carácter administrativo o penal, pero no se contemplaba la reparación del daño ambiental causado.

El ámbito de aplicación de la Ley incluye los daños y las amenazas inminentes de daños a las aguas, a la ribera del mar y de las rías, al suelo y a las especies de flora y fauna silvestres, así como a los hábitats, quedando excluidos los daños al aire, a las personas y a la propiedad privada.

Cabe destacar que contempla que se pueda exigir responsabilidad ambiental en un periodo máximo de 30 años desde que se inició el daño, desde la entrada en vigor de la ley, desde el 25 de Octubre de 2007. Aunque sus efectos se retrotraen al 30 de Abril de 2007.

Esta norma es de aplicación a todas las empresas que puedan causar daños ambientales y obliga a prevenirlos, evitarlos y repararlos, devolviendo los recursos naturales dañados al estado original. Si bien la Ley distingue  aquellas actividades recogidas en su anexo III, para las que se exigirá responsabilidad ambiental con carácter objetivo; es decir incluso cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de acuerdo con la normativa aplicable. En el caso de las actividades no recogidas en el anexo III, se les exigirá responsabilidad ambiental cuando medie dolo, culpa o negligencia.

De entre todas las actividades que se citan en el anexo III, destacar que se incluye la fabricación, utilización, almacenamiento, liberación en el medio ambiente y transporte de sustancias y preparados peligrosos, por lo tanto cualquier actividad que utilice sustancias peligrosas está incluida en este anexo, sin tener en cuenta si es una pequeña o gran cantidad.

Las principales obligaciones para éstas empresas (anexo III) son la obligación de constituir garantías financieras por responsabilidad ambiental; Existe una excepción para aquellas empresas que disponen de la certificación ISO 14001:2004 o bien están adheridas al Sistema Comunitario EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría  ambientales), siempre que la valoración de sus daños ambientales no supere el  límite de 2.000.000 de euros, no será obligatorio el disponer de esta garantía financiera.

A día de hoy no es obligatorio disponer de esta garantía financiera por responsabilidad ambiental, pues  en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, se establece el orden de prioridad y calendario para aprobación de órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de garantía financiera obligatoria. En estas órdenes se dará a conocer la fecha límite para que las empresas dispongan de esta garantía ambiental, y para ello la empresa deberá de realizar el Análisis de Riesgo Ambiental, que puede realizarse según la norma UNE 150.008, y una vez validado por una entidad acreditada, presentarlo ante el organismo competente, en las Baleares la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient i Territori, quien establecerá el importe de la garantía.

Las fechas de publicación de las órdenes, para actividades de prioridad 1, será a partir de junio 2013/ 2014, siendo actividades prioridad 1  Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día

Las fechas de publicación de las órdenes, para actividades de prioridad 2, será a partir de junio 2014/ 2016, siendo actividades prioridad 2 Coquerías.

Las fechas de publicación de las órdenes, para actividades de prioridad 3, será a partir de junio 2016/ 2019, siendo actividades prioridad 3, transporte de mercancías peligrosas, venta al por menor de combustible, Mantenimiento y reparación de vehículos de motor., servicios hospitalarios…

Cabe destacar que existen y se están creando herramientas sectoriales, para realizar el Análisis de Riesgos Ambientales, no obstante hasta que no estén aprobadas por parte de la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Ambientales no podrán utilizarse.

También está pendiente que la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Ambientales determine la acreditación y criterios de las entidades que verifiquen los análisis de riesgos.

No obstante no sea obligatoria la garantía financiera ambiental, sí que ya es exigible esta responsabilidad ambiental en caso de daños al medioambiente por parte una empresa.

Susana Domènech

Secretaria de Abaex

GRUPO DAPHNIA Servicios ambientales